Una buena parte de los asociados a la AEV son sociedades de tasación homologadas por el Banco de España y plenamente operativas, mientras que otros corresponden a empresas dedicadas a la consultoría, el análisis y la valoración en ámbitos no regulados.
 
En España, la valoración inmobiliaria es una actividad libre, que, para un gran número de finalidades, puede ser desempeñada por una amplia variedad de profesionales y empresas. No obstante, en aras de la protección de consumidores e inversores, existe una parte de esta actividad que se encuentra regulada, lo que afecta tanto a las características que deben tener las empresas tasadoras como a los requisitos para llevar a cabo dichas valoraciones.
 
En concreto, las valoraciones de activos para el mercado hipotecario y, en general, para las entidades de crédito, solo pueden llevarlas a cabo sociedades supervisadas por el Banco de España y sometidas a estrictas normas que, entre otras cosas, aseguran su solvencia, independencia y capacidad operativa.
 
Además, ese tipo de valoraciones están también reguladas a través de una normativa pública (la Orden Ministerial ECO 805/2003, de 27 de marzo), que determina numerosos parámetros técnicos de obligado cumplimiento y que asegura la transparencia y accesibilidad por los clientes de los criterios e hipótesis seguidos en la tasación.